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Guatemala conmemoró el miércoles 25 años del fin de una guerra civil que en 36 años dejó decenas de miles de muertos y desaparecidos, pero sin que ese desenlace lograra traer paz y desarrollo al país centroamericano, denunciaron indígenas víctimas de la violencia.
"Lo que vino hace 25 años fue el silencio de las armas, no la paz, porque la paz se construye a partir de (el cumplimiento de) los compromisos suscritos", dijo Miguel Itzep, líder indígena durante una protesta frente al Palacio Nacional, en la capital, Ciudad de Guatemala.
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Itzep, de la etnia maya-k’iche’ y de 71 años, lamentó que un cuarto de siglo después de la firma de los acuerdos de paz los sucesivos gobiernos no hayan dado seguimiento a los pactos que suponían cambios sustanciales para el país.
"La paz para nosotros es posible si se combaten las causas que originaron el conflicto armado interno que es la pobreza, la exclusión social, el racismo y discriminación a los pueblos indígenas", consideró el anciano, quien aseguró haber sido secuestrado por soldados en 1977 por su trabajo que consistía en fomentar trabajos productivos agrícolas en comunidades mayas del oeste del país.
Decenas de manifestantes, en su mayoría indígenas mayas, portaban cruces de madera donde escribieron los nombres de sus seres queridos que murieron o desaparecieron durante la guerra.
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Sin cambios
La guerra civil en Guatemala estalló en 1960 y se prolongó hasta 1996, año en el que el gobierno y cuatro facciones guerrilleras reunidas en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) firmaron la paz.
El conflicto armado dejó en total más de 200,000 muertos y desaparecidos, según una Comisión de la Verdad auspiciada por Naciones Unidas.
En un informe publicado en 1999, la comisión atribuyó a las fuerzas estatales, sobre todo el Ejército, la mayoría de las masacres y violaciones a los derechos humanos, muchas cometidas en comunidades indígenas.
"Cuando se hablaba de los acuerdos de paz teníamos muchas esperanzas de que la situación iba a cambiar y que íbamos a tener una vida diferente, una vida digna, pero no es así, no ha cambiado mayor cosa", señaló Feliciana Macario, de 52 años, también sobreviviente de la guerra.
La población indígena constituye el 40% de los casi 17 millones habitantes del país, según datos oficiales, aunque líderes de los pueblos originarios consideran que representan el 60%. La pobreza, que afecta a más de la mitad de la población, suele llegar hasta el 80% en comunidades indígenas.
Una situación que "está igual o peor" que en los años de la guerra civil, precisó el politólogo Renzo Rosal, quien criticó la "ausencia del Estado" en las zonas indígenas.
"El mundo indígena está absolutamente desprotegido. Hoy está igual o más desprotegido" que hace 25 años, consideró.
Giammattei: "Vamos por buen camino"
Antes de la protesta, un grupo de sacerdotes mayas realizó una ceremonia en el sitio arqueológico Kaminaljuyú, en el oeste de Ciudad de Guatemala, también para denunciar el incumplimiento de los acuerdos.
"Realmente la paz que estamos viviendo es una falsa paz porque hay más violencia (criminal y doméstica)", señaló Marcelo Vicente, guía espiritual mam de 36 años.
El gobierno, por su lado, realizó un modesto acto en el Palacio Nacional para conmemorar la efeméride sin la presencia del presidente Alejandro Giammattei, quien luego publicó un mensaje en redes sociales.
"Hoy se conmemoran 25 años de la histórica firma de los Acuerdos de Paz, 25 años en los que se ha luchado por reconstruir el tejido social de nuestro país. Aún falta mucho por hacer pero vamos por buen camino hacia la transformación de Guatemala", escribió el gobernante derechista.
Sin embargo, Rozal consideró que Guatemala atraviesa "retrocesos" importantes en la democracia, la institucionalidad, el régimen de derechos humanos y la justicia. También apuntó que uno de los factores para medir el retroceso en Guatemala es el "fenómeno de la corrupción" que estimó es "galopante, enorme, profundo y generalizado".
"La corrupción para mí es un indicador muy poderoso de que después de los acuerdos de paz en lugar de avanzar, lo que hemos hecho como sociedad es casi que retroceder", indicó Rosal.
"El desmantelamiento de las instituciones de paz ha ido acompañado de ataques contra la independencia judicial y el Estado de derecho para servir a los intereses de redes ilícitas integradas por miembros de la élite política y militar, grupos criminales y el sector privado", agregó en un comunicado el centro de estudios Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés).